Sicilia critica la propuesta de privatización de la gestión de sus monumentos

El consejero de Cultura, Antonello Antinoro, asegura que esta medida es una buena forma para hacer "lo más rentable posible la gestión de los bienes culturales"

Roma. (EFE).- La posibilidad de que la Región de Sicilia ceda a empresas privadas la gestión de algunos de los monumentos más importantes de la isla, entre ellos varios templos erigidos durante la dominación griega, ha provocado la polémica en Italia.

Entre los monumentos que podrían estar afectados estarían, según el consejero de Cultura de Sicilia, Antonello Antinoro, el Valle de los Templos de Agrigento, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1998, el teatro griego de Siracusa y el romano de Taormina, las ruinas de Selinunte y la Capilla Palatina de Palermo.

A cambio de la administración de estos bienes, los inversores deberían pagar un canon fijo y contribuir a impulsar el turismo en la isla, ya sea construyendo hoteles o infraestructuras como carreteras y helipuertos. Antinoro declaró ayer a la página web "IloveSicilia" que "otorgar a una empresa privada de calidad la gestión del paquete completo de monumentos durante treinta años puede ser una solución" para hacer "lo más rentable posible la gestión de los bienes culturales". "Ha pasado la época del derroche de recursos valiosísimos", aseveró Antinoro.

El responsable regional de Cultura precisó que la institución privada seleccionada sería "de nivel internacional" y debería garantizar la adecuada tutela de los bienes. Además, recordó que algunas empresas proporcionan ya algunos servicios relacionados con la gestión de los monumentos.

A pesar de estas matizaciones, la propuesta, que podría debatirse en el Consejo de Gobierno regional en las próximas semanas, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la oposición y de algunos personajes del mundo de la cultura. El diputado regional del progresista Partido Demócrata (PD), Filippo Panarello, tachó la propuesta de "falsamente innovadora" y aseguró que para resolver las «disfunciones organizativas» (como la limitación de horarios y la rigidez burocrática) y acabar con "derroches y clientelismos", no es necesario privatizar. "Es una paradoja que en la región que tiene el mayor número de funcionarios se esté pensando en confiar los bienes públicos a sujetos privados", añadió.

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